Detención de Inés Gómez Mont abre incertidumbre sobre quién tendrá la custodia de sus seis hijos

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La detención de Inés Gómez Mont en Florida puso bajo la lupa no solo su situación jurídica, sino también el futuro de sus seis hijos, cuya custodia podría convertirse en un nuevo frente legal. Mientras la exconductora enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, los menores permanecen bajo el cuidado de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de acuerdo con la información disponible.

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de permanecer aproximadamente cinco años prófuga de la justicia mexicana. Sus hijos residen en Miami y cuentan con nacionalidad estadounidense, por lo que cualquier decisión sobre su tutela deberá atenderse conforme a las leyes y procedimientos de protección infantil de ese país. El arresto de uno de los padres no implica, por sí mismo, la pérdida automática de la custodia.

La conductora es madre de seis menores de dos matrimonios: Inés, de 18 años, y los trillizos Javier, Bruno y Diego, de 14, nacidos de su relación con Javier Díaz Bravo; además de Bosco, de 11, y María, de 8 años, hijos de su matrimonio con Álvarez Puga. Este último permanece en libertad bajo fianza en Estados Unidos, después de haber sido detenido por autoridades migratorias en septiembre de 2025, y tiene prevista una audiencia para noviembre de 2026.

El escenario también podría abrir la puerta a nuevas disputas familiares. Javier Díaz Bravo, padre de los cuatro hijos mayores, había promovido anteriormente acciones legales para obtener la patria potestad. Aunque Gómez Mont consiguió un amparo en México en julio de 2024 frente a esos reclamos, la nueva situación jurídica podría motivar solicitudes ante tribunales estadounidenses, incluso por parte de la abuela paterna, Tita Bravo.

Por ahora, no se ha informado de un cambio en la custodia de los seis hijos, quienes continúan bajo el cuidado de Álvarez Puga. Cualquier modificación dependerá de las circunstancias legales de los adultos involucrados y de las resoluciones que emitan las autoridades estadounidenses. Así, el futuro de los menores permanece sujeto a un eventual proceso judicial en Florida.