El gobierno boliviano presentó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales (2006–2019), acusándolo de ocho delitos, entre ellos terrorismo, bloqueo de carreteras e instigación a delinquir, en el marco de las crecientes protestas por su exclusión de las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

El ministro de Justicia, César Siles, detalló que la denuncia, también dirigida contra la dirigente Suseth Rodríguez, incluye cargos por:
    •    Terrorismo
    •    Atentado contra servicios públicos y transporte
    •    Bloqueo de carreteras
    •    Obstaculización de procesos electorales

Las acusaciones están relacionadas con los bloqueos viales que simpatizantes de Morales mantienen desde hace cuatro días en distintas partes del país, y que han dejado al menos 20 policías heridos durante los operativos de desbloqueo, según reportes oficiales. Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de desabasto de alimentos y combustibles debido a las protestas.

El conflicto se intensificó tras la ratificación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que este jueves reafirmó que el partido de Morales, Pan-Bol, no podrá participar en las elecciones, al haber perdido su personería jurídica en 2020 por no alcanzar el mínimo del 3% de los votos.

Asimismo, el fallo recuerda que la Constitución boliviana solo permite una reelección continua, lo que hace inviable un nuevo mandato para Morales, quien ya gobernó por tres períodos consecutivos.

El presidente Luis Arce acusó a su exaliado político de intentar “desestabilizar el país”:

“Está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes”, declaró Arce. “Si no logra ser candidato, buscará suspender las elecciones”.

A esta denuncia se suma una orden de captura vigente contra Morales por un presunto caso de trata agravada de personas, relacionado con abusos cometidos durante su presidencia.

Este viernes, el Tribunal Supremo Electoral dará a conocer la lista definitiva de candidatos habilitados, y se prevé un aumento en las protestas por parte de los seguidores del exmandatario, quien insiste en que tiene “derecho a competir”, pese a los fallos judiciales en su contra.

El caso marca una nueva escalada en la crisis política que enfrenta Bolivia, agravada por la ruptura entre Morales y el actual gobierno del MAS, partido que él mismo fundó y que hoy lo mantiene al margen del poder.