El Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, admitió oficialmente la deportación de 86 inmigrantes protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), justificando la medida en la existencia de antecedentes penales de los implicados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló estas cifras en una misiva dirigida al senador demócrata Richard Durbin, detallando que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 se registraron 261 detenciones de beneficiarios de este programa.

Aunque el reporte citado por el medio Politico indica que 241 de los detenidos presentaban historial delictivo, las autoridades federales evitaron precisar la naturaleza de los delitos o los cargos específicos que motivaron las expulsiones del país.

Esta política ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa del migrante, quienes sostienen que muchos de estos arrestos se basan en acusaciones infundadas o procesos legales que finalmente fueron desestimados por los tribunales.

Creado originalmente por la administración de Barack Obama en 2012, el DACA fue diseñado para otorgar permisos de trabajo y protección frente a la deportación a jóvenes que ingresaron a territorio estadounidense siendo niños.

No obstante, Noem defendió las recientes acciones amparándose en el fallo de un juez federal en Texas que calificó al programa como ilegal, argumentando además que dicha protección es meramente una "suspensión temporal" que no garantiza la estancia permanente ni derechos de residencia indefinida en los Estados Unidos.

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